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jueves, 8 de enero de 2015

¡¿Oh qué será, qué será?!

Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg


Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé.
No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea.
No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero.
El único gesto es creer o no.
Algunas veces hasta creer llorando.
Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta;
respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar

Willy Colón

2015 comienza en unas circunstancias que son una grave amenaza para nuestra Democracia.

Creo convenir en que estamos convencidos que una verdadera Democracia es mucho más que la parafernalia electoral, muchas veces asquerosa, y que las instituciones que conforman la República son pilares sobre los que se erigen verdaderas condiciones que lleven al Bienestar General y a la Paz justa y perdurable.

Por ello, las actuales condiciones en las que se encuentran varias de esas instituciones son realmente preocupantes y lamentables y ponen en riesgo la viabilidad de nuestro Estado y la cohesión de nuestra República.

La primera es la Justicia, después de un paro que supera los 90 días, cocinado al calor de los incumplimientos del ejecutivo respecto de los compromisos adquiridos en virtud del paro anterior, y aupado por no pocos oportunistas que aprovechan el río revuelto para pescar prebendas injustas o desproporcionadas respecto de los demás Servidores Públicos, adicionales a las ya pactadas.

El Derecho a la Protesta es Legítimo, Fundamental, Trasversal a la Democracia, es justo que dichos funcionarios sigan percibiendo su salario y que se respete su integridad y autonomía en el ejercicio de dicho Derecho. No obstante, es evidente que la suspensión del Servicio de Administración de Justicia genera traumatismos a todo nivel: Desde los mismos funcionarios quienes se enfrentan unos con otros dentro de las divisiones naturales de un movimiento de esta índole, hasta los ciudadanos de a pie, que escuchan en las noticias que los juzgados están cerrados y se imaginan el escenario dantesco de las calles llenas de los delincuentes que no pueden ser judicializados; escenarios que ya se han dado en varias ciudades donde las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía están a reventar y así lo hicieron. Esta situación, con el respectivo y convenenciero eco de los medios, logra crear en la ciudadanía una idea errónea de la Justicia, la ven antitécnica, inoportuna, mediocre, en otras palabras injusta. Poco puede esperarse de una sociedad que no confía en que sus jueces actúen con justicia.

El segundo es el órgano de control fiscal, la Contraloría General de la República, ente responsable, entre otras, de evaluar, auditar y hacer seguimiento a la ejecución fiscal de los órganos del Estado. En otras palabras, el responsable de verificar que la plata de la Nación se gaste en lo que estaba presupuestado, como estaba presupuestado y para lo que estaba presupuestado. Semejante función le corresponde a una entidad que actualmente se encuentra inmersa en un encendido debate por la administración y destinación de los recursos correspondientes al arrendamiento de la hoy antigua sede de la entidad, en el Centro Comercial Gran Estación ubicada al Occidente de la capital. La excontralora, Sandra Morelli, está siendo procesada por la presunta comisión de diversos delitos por la celebración de un contrato bastante desventajoso por la entidad, que debido a sus condiciones se dio por terminado el 31 de diciembre pasado, y que dejó sin lugar de trabajo a varios cientos de empleados, y sin locación física a los servidores tecnológicos que dan soporte a su página web mediante la cual la Contraloría expedía de manera gratuita e inmediata el Certificado de Antecedentes Fiscales de todos las personas naturales y jurídicas, en particular las que deben ser contratadas por el Estado. Debido a esta vergonzosa situación, estamos ad portas de una parálisis contractual estatal, ya que este es un requisito de Ley para la celebración de contratos públicos, mediante los cuales el Estado presta sus servicios, entre otros -y de manera especial por estar yo ejecutando uno de estos- por medio de Colaboradores vinculados a la administración por medio de órdenes de servicio. 

El tercero es la cabeza del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación que desde hace más o menos seis años se encuentra convertida en una institución ideologizada, de extrema derecha, enemiga de todo aquello que suene a izquierda, centro o cualquier tendencia similar. Desde las toldas de la Procuraduría se han gestado importantes decisiones, como la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, por la implementación de un modelo tildado de ilegal, que posteriormente fue elogiado por diversos estamentos internacionales y que, como recientemente se ha dado a conocer, fue objeto de saboteo por parte de los agentes privados que hasta entonces se lucraban ese negocio. Detrás de las decisiones del Procurador y su séquito, se encuentra una evidente persecución contra colectivos de Derechos Humanos, la comunidad LGBT, líderes de Izquierda, con un ropaje de un catolicismo vetusto y anteconciliar, contrario a la Doctrina oriunda del Concilio Vaticano II, y cismático, dada su membresía al Movimiento fundado por Monseñor Marcel Lefbvre, la Sociedad de San Pío X, hoy excluido del Seno de la Iglesia Católica. La procuraduría es hoy una trinchera ideológica, usada como medio de guerra en contra de todo aquello que suene a diferencia. Atrás quedaron los valientes fallos del entonces neoprocurador en el que repartió rejo, literalmente, a diestra y siniestra.

Y no podemos olvidar un pilar de las Democracias Modernas: La Oposición. En muchos países, el candidato derrotado conforma lo que se conoce como un Gabinete en la Sombra, que se dedica a hacer seguimiento y control a las acciones del Gobierno elegido, critica y aporta, es una manera de construir una visión colectiva de la sociedad, sin excluir las visiones minoritarias o derrotadas en las urnas. El artículo 112 de nuestra Constitución Política expresa que los partidos no gobiernistas podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Igualmente expresa el mandato de la expedición de una Ley Estatutaria que reglamentará la materia.

Han pasado 24 años de la expedición de nuestra constitución y el Estatuto de la Oposición no ha visto la luz y no se espera que la vea. Enhorabuena podríamos decir hoy, porque quien en la actualidad enarbola las banderas de la oposición al gobierno, es nada menos que quien consiguió en primera instancia que el hoy Presidente llegara a serlo. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República se alzó en contra del gobierno que él mismo ayudó a elegir y al que tilda de traidor. Con evidentes desvaríos mesiánicos y de ausencia de poder, Uribe y sus áulicos se han dedicado de manera oportunista a criticar cuanta acción efectúa el Gobierno.

Que si hay conflicto armado, palo. Que si hay acercamientos con las FARC, palo. Que si se negocian TLC’s, palo. Que si se mejoran las relaciones diplomáticas, palo. En fin, Santos dice blanco y Uribe negro, en una carrera que termina por ridiculizar su estatus y prestigio y diezma la herencia que dice haber dejado. Es una oposición mentirosa, oportunista, marrullera, conspiracionista y conspiranoica, amarillista, vulgar, insultante, pero firme, organizada y disciplinada, que baila al son le toque el Mesías Rural que tiene por Fundador y Profeta.

Sin embargo, en el fondo es lo mismo. Un modelo económico neoliberal, la misma tendencia de derecha (aunque exacerbada), los mismos medios corruptos y corruptores, el desmedro ambiental y el desprecio por las minorías. La única diferencia de fondo es sobre el tema del fin del Conflicto Armado, aunque su motivación corresponde al pánico que tiene Uribe de dejar de parecer ser “…el Dictador que este país necesita”, como dijera de él Jaime Garzón.  

Yo creo en la Democracia así no la haya visto, y ustedes también, lo sé...

Ojalá 2015 sea el año de reencausamiento de la institucionalidad de nuestro país.  

lunes, 17 de septiembre de 2012

Al César lo que es de Alejandro


Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg


En principio, concebí toda la situación de la muy probable reelección del Procurador, Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, como un asunto de flagrante violación a la Libertad Religiosa a que, como ciudadano, tiene derecho. Me sentí ofendido por esto, al percibir esta discriminación, entre otras, porque comparto con el Procurador ciertas posiciones sobre las cuales han recaído la mayor cantidad de críticas a su gestión.

Con el Procurador me une el rechazo al Aborto como Derecho, al que considero, apartándome de la Doctrina Constitucional, más bien una atrocidad de proporciones inenarrables. Compartimos, en términos generales, el mismo credo, con la salvedad de que él milita en una disidencia, que desconoce el Magisterio oriundo y posterior al Concilio Vaticano II, y que entre sus fieles tiene quienes rechazan o minimizan el Holocausto Judío[1], y que hoy se encuentra separada oficialmente del Cuerpo de la Iglesia Católica Romana.

Vi, al comienzo de su gestión, una determinación por combatir los males de la Corrupción y el Clientelismo, que campean impávidos en el campo de la Administración Pública en todas sus vertientes. Me alegró que sus convicciones religiosas, fueran motor de sus determinaciones como coto a estos males que tanto daño han causado a nuestra nación.

Fue con ese panorama que analicé la situación por primera vez. Llegué a afirmar que Colombia criticaba la Coherencia de Vida con la que el Señor Procurador ejercía su función pública, y pensé en que ahora los creyentes éramos las víctimas de una segregación espuria e inmerecida.

No obstante lo anterior, veo con tristeza que las circunstancias han cambiado ostensiblemente. El recio, serio y vehemente procurador[2], ha defraudado sus convicciones en busca de su reelección (Al parece no aprendemos de nuestros errores, ni siquiera los más recientes). Por esta causa ha claudicado a los vicios del clientelismo, se ha unido al odioso grupo de los marrulleros y politiqueros (Si no es que siempre lo había sido), buscando beneficiar, directa o indirectamente a aquellas personas que inciden en su postulación en la Terna, que por ahora es una Terna de Uno, y en aquellos que toman la decisión de su nominación como su propio sucesor.

¿Habrá que recordarle al Señor Procurador que el “Fin no justifica los medios”, como lo afirma categóricamente el Catecismo de Nuestra Iglesia?

¿Habrá que enviarle una copia de la Epístola de Santiago, en la que él apóstol nos recuerda que de nada sirve nuestra Fe sin obras?, ¿De qué sirve creer, si aún así actuamos mal, Señor Procurador?, ¿Tan pronto olvidó la segunda lectura de la Santa Misa de ayer (16/09/2012)?

Es por estas razones, que le digo, como diría el mismo Cristo, “Al César lo que es del César”, usted, Dr. Ordóñez, no tiene la altura moral mínima necesaria, para ser reelegido, ni siquiera la suficiente para seguir ostentando su calidad de Procurador General de la Nación. Así que por la Integridad de nuestra Fe, por el bien de la Nación y por ofrecer un mínimo de decencia le pido que decline la nueva Postulación y renuncia a su actual dignidad.


[1] Para mayor información ver “Hermandad Sacerdotal San Pío X” o “Lefvrianos”: http://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_Sacerdotal_San_Pío_X y artículos relacionados.
[2] De su faceta como Magistrado, por carecer de notoriedad pública no tengo mayor conocimiento, ni recuerdo haber estudiando durante mi época de pregrado, jurisprudencia alguna de su pluma. 

martes, 27 de septiembre de 2011

5 Minutos con la Constitución V

¿Quién con Nosotros?
Las nuevas instituciones: Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Nación


Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg

La Reforma institucional que introdujo la Constitución de 1991 en el Estado Colombiano fue bastante profunda. El surgimiento de nuevos departamentos en las antiguas intendencias, la creación de la Auditoría y la Contaduría General de la Nación, la posibilidad de dar paso a la distribución Regional como ocurre en España, en una mezcla entre el Centralismo y el Federalismo, una figura que nos hubiera ahorrado el apelativo de Patria Boba que todavía nos calza y que aún hoy sigue sin estrenarse.

Pero existen tres grandes novedades en la Constitución de 1991: La Corte Constitucional, La Defensoría del Pueblo y La Fiscalía General de la Nación.

En nuestro anterior encuentro hablamos del papel de la Corte Constitucional como Juez de Tutela, como defensora de los Derechos Fundamentales. Esta Corte tiene también otra importantísima función: La Guarda de la Integridad de la Constitución.

Esta labor la cumple a través del estudio que hace de las leyes y ciertos decretos y de su apego a la Constitución Política.

El artículo cuarto de la Constitución afirma que esta es norma de normas y que las demás de menor rango deben estar sujetas estrictamente a esta. La Corte Constitucional debe decidir si las Leyes demandadas por los ciudadanos algunas leyes antes de ser expedidas, como las que regulan Derechos Fundamentales y los Decretos del Presidente de la República expedidos en vigencia de los Estados de Excepción son compatibles con los Principios y planteamientos de la Carta y si no lo son los excluye definitivamente del ordenamiento jurídico.

Esta función de la Corte Constitucional pertenecía anteriormente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ocasiones dicha Corte acudía a su sala plena a estudiar los asuntos más relevantes, como ocurrió con el estudio del Decreto que convocaba a la Asamblea Constitucional para Reformar la Constitución.

La Asamblea Nacional Constituyente se inspiró en ciertas instituciones similares que existen en Francia, España y Alemania para la creación de la Corte Constitucional que inició sus labores el 07 de Julio de 1991 y ha contado como los más prestante juristas del país como sus Magistrados.

La Constitución creo también la figura del Defensoría del Pueblo, es la entidad encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo será un miembro del Ministerio Público y en esa calidad podrá orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Organizar y dirigir la defensoría pública. Interponer acciones populares, destinadas a la protección de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Presentar proyectos de ley sobre asuntos de Derechos Humanos y otros. Puede estar presente en todos los juicios que se lleven a cabo y apoyar con asistencia jurídica y judicial.

Los ciudadanos pueden recurrir a esta entidad para que les asista en estos asuntos, igualmente todos los ciudadanos pueden participar de las diversas iniciativas de Difusión y Promoción de los Derechos Humanos que se llevan a cabo en todo el país.

Finalmente, otra de las instituciones creadas por la Constitución de 1991 fue la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad es la encargada de investigar y acusar a las personas que presuntamente hayan cometido algún delito definido como tal en la Ley Penal.

Por medio de la Reforma Constitucional de 2002 que dio paso al Sistema Acusatorio, la Fiscalía sufrió un cambio profundo en su estructura y atribuciones. Anteriormente, autónomamente podía tomar decisiones frente a los Derechos de las personas inmersas en las investigaciones que adelantaba, inclusive privarlos de la Libertad. La Reforma le retiró estas atribuciones y limitó su accionar. Ahora, si considera que un investigado es un peligro para la sociedad debe solicitar su captura y retención a un Juez de Control de Garantías.

La Fiscalía está conformada por el Fiscal General y los fiscales delegados, quien tienen gran autonomía, son subordinados del Fiscal General, y éste puede reasumir el caso cuando así lo considere.

Estas tres instituciones fundadas por la Constitución de 1991 son protectoras de nuestros Derechos y a su vez veedoras de nuestras obligaciones… ¿Pero cuáles son nuestros Deberes?, éste será tema de una próxima entrada.

Nota del Redactor: Esta entrada hace parte de un grupo de nueve ensayos breves conmemorativos de los 20 años de la Constitución Política de Colombia, difundidos a través de la Emisora Cultural Caldas FM, de la Gobernación de ese Departamento.