¡Les Estamos Haciendo el Juego!

Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate (@elmiquitojpg)

Es verdad que el país está descuadernado. El Congreso no se pone de acuerdo sobre asuntos fundamentales, las Altas Cortes se ven altamente cuestionadas y el Gobierno, a once meses de inicio de su mandato no tiene un rumbo fijo y va dando tumbos en política interna y externa. Lo único en lo que parece haber una firme determinación es en la de acabar de tajo el Acuerdo de Paz con las FARC. 

La Polarización bordea los mismos límites que se alcanzaron durante la campaña del Plebiscito de 2016 y la elección presidencial de 2018. El ambiente está altamente caldeado y el nivel de debate, como un escenario de socialización y consenso, se encumbra más bien como una palestra para el radicalismo y la pugnacidad. 

Volvieron los ominosos crímenes de Estado que con el propósito de disimular han definido como “Falsos Positivos” o “Ejecuciones Extrajudiciales”, como si en Colombia se pudiera condenar judicialmente a la muerte. Tuvieron que ser denunciados por medios extranjeros, pues los nacionales actuando con cobardía y complicidad prefirieron callar, y silenciar a aquellos que desde su seno cuestionaron ese proceder.    

Todo esto lo advertimos cuando debatimos si valía la pena votar contra Iván Duque. 

En ese contexto, se elevan voces que buscan conjurar la crisis apelando a la Unificación de la Cortes, destruir la columna vertebral de los Acuerdos y más recientemente, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, que paradójicamente, fue una de las propuestas iniciales del candidato que resultó derrotado en las presidenciales, y por las que fue más duramente criticado por quienes hoy la enarbolan. 

Esta estrategia no es nueva. Los impulsos de desinstitucionalización vienen de tiempo atrás. Casi diez años hablando del desgobierno, del supuestos abuso de parte de las Cortes, mintiendo sin sonrojarse sobre los temas importantes de la realidad nacional. 

Especialmente en la segunda tanda del anterior presidente, con un partido político especializado en el tema, se erigió una oposición ominosa, que se dedicó a despotricar de todo cuanto se hizo durante los últimos cuatro años. Esta estrategia les permitió recuperar el Poder y en agosto de 2018, uno de sus huestes asumió la Jefatura del Estado. 

El regreso les ha salido tan mal, que pareciera ser la hecatombe que servía de excusa para las manidas y mediocremente ocultas intenciones del entonces ya reelecto Álvaro Uribe de atornillarse definitivamente en la silla presidencial.  

“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” aducían los pretores romanos cuando alguien trataba de utilizar su propia culpa en su beneficio. Y esa parece ser la única excusa de los promotores de la pérfida iniciativa: Un estado de cosas del que son responsables, y una solución que pareciera solo beneficiar al titular del Ubérrimo. 

Y lo peor es que comienza a haber cierta aceptación entre un crecimiento porcentaje de la población, en otras palabras ¡les estamos haciendo el juego!

Pero la situación no era tan grave como ellos la describieron durante ocho largos años, (aunque hoy se aproxima a sus descripciones), ni la solución es una Constituyente, que con ellos a la cabeza, servirá solamente para quebrar el ya débil equilibrio de poderes, desconocer impunemente el precedente judicial y el principio del juez natural, poner todas las ramas del poder al servicio de una ideología que ya ha demostrado estar dispuesta a lo que sea para hacerse definitivamente con el control del Estado, al que en últimas, no les importa desmantelar. 

Quienes consideramos estar en la orilla opuesta de la historia estamos llamados a denunciar esta estrategia y a tratar de contener todas las andanadas antidemocráticas que se lanzan en contra de nuestras instituciones, día tras día. Sin Instituciones fuertes los ideales de dignidad, humanismo, trabajo e interés general quedarán en los anaqueles de la historia del país, como bellos postulados que quisieron pero no pudieron ser.

¡Oh incómoda Democracia!

Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg

La Democracia es, sin lugar a dudas, la menos mala de las formas de gobierno que hemos logrado consolidar, y hasta que no encontremos una mejor, considero un deber civil y ciudadano el promoverla y procurar su implantación universal.

La tarea en Colombia, en especial después de la expedición de la Constitución de 1991, sigue en construcción, y cuenta con férreos defensores y ubérrimos detractores.

La conformación de la lista del Puro Centro Democrático, con Álvaro Uribe Vélez, expresidente, a su pesar, de la República, es un riesgo grave para la Democracia en ciernes de Colombia. Y el peligro no radica en los serios cuestionamientos que frente a la mayoría de sus miembros puedan presentarse, sino frente al hecho que, por tratarse de una lista cerrada, el arrastre, muy seguro aunque inexplicable, que tiene Álvaro Uribe, puede consolidar una fuerza cercana al 20% del Congreso, con la que, según ellos, pretende, por la vía del Legislativo, arreglar el país que ha perdido el rumbo que trazara el entonces presidente, en manos del retrechero y ungido, exministro estrella, Juan Manuel Santos.

Si la meta de esta nueva fuerza parlamentaria es la de concretar el trabajo inconcluso y obstruido por la mezquindad santista comenzado por Álvaro Uribe, cabría preguntarse de qué sirvió el costoso cambio en “el articulito”, si dos períodos no fueron suficientes para consolidar la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista y la Cohesión Social, ejes de la plataforma Uribista y causa del constante reproche del entonces presidente frente al hoy mandatario.

El peligro entonces se cierne en el Legislativo, no por la posible concurrencia de una fuerza política de ultraderecha, con amplio poder decisorio, a la cual deberá enfrentarse o plegarse el Presidente que suceda a Juan Manuel Santos, o él mismo, sino la presencia de un conglomerado al cual la Democracia se le hace un obstáculo tan repulsivo.

Todavía recuerdo el desagrado del rostro de Álvaro Uribe cuando tuvo que escuchar de la voz de quien otrora fuera su Secretario Jurídico, Mauricio González Cuervo, revestido como Presidente de la Corte Constitucional, que esta corporación ponía freno de una vez, y por todas, a su aspiración de reelegirse indefinidamente, a imagen y semejanza de su fiel contradictor, Hugo Chávez Frías, alma bendita, al que también la Democracia le resultaba bastante incómoda.

Al menos 20 Congresistas liderados por Uribe, fácilmente podrían presentar una nueva propuesta de Reforma Constitucional, convocar a una Asamblea Constituyente, o inventar cualquier ardid jurídico, para lo cual están altamente calificados, que le permita a su mesías mancillar por tercera e indefinida vez el manoseado solio del libertador.

Por ello no disimulo mi alegría al darme cuenta, que, como las harpías que son, los estandartes del Puro Centro, se empiezan a despedazar ante el primer impase que su aspiración encuentra, como lo están haciendo Óscar Iván Zuluaga y José Felix Lafourie contra José Obdulio Gaviria, a quienes muchos le endilgan la circunstancial responsabilidad de ser primo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, como si uno fuera culpable de la familia que tiene, y en especial, como si sus actuaciones como Consejero Presidencial no fueran suficientes para tachar su nombre hasta de un Baby Shower.

Ojalá terminen por despedazarse, y con ellos, se hunda la candidatura del otro Santos que Uribe, con su conocida terquedad, quiere instalar en la Casa de Nariño.

Claudicó La Corte

Es muy triste, en especial para un Abogado Joven y soñador, que aspira a “Luchar por la Justicia”, encontrar que el Máximo Tribunal de lo Constitucional, ha claudicado ante un modelo Estado impuesto, ajeno al que inspira el Estado Social de Derecho, a pesar que a lo largo de su historia, paralela a la de la Constitución Política de 1991, la misma que le diera su partida de nacimiento como Defensora de los Derechos Fundamentales y Protectora de la Integridad de la Carta Política, hubiera ejercido con mucho decoro esta noble labor, al parecer eso dejó de interesar a la Corte Constitucional.

El Auto 110 del cinco (05) de Junio de 2013, proferido por esta Corporación, es la aceptación jurisprudencial de un Estado Neoliberal, que probadamente fallido por más de dos décadas, ha renunciado a la prestación efectiva de los Servicios Públicos, y que se excusa en su tamaño, impuesto precisamente por ese modelo eficientista que pretende exprimir a los pocos funcionarios, en el mejor de los casos y a los escasos contratistas, en la mayoría, que ejercen la labor que le corresponde a muchas más personas, pues no es de otra manera que el Estado puede ejercer sus funciones, sino a través de un cuerpo de funcionarios que materialicen los postulados Constitucionales y Legales.

Por medio de un Auto, ni siquiera una Sentencia, la Corte ha dado al traste con los Derechos Fundamentales de cientos de miles de personas, y de un plumazo ha diferido por seis (06) más la realización de los Derechos Fundamentales a la Seguridad Social. Cosa particularmente grave, pues es precisamente el acceso efectivo a los Derechos de la Seguridad Social, aquellos que permiten la materialización, por los propios medios, de otros Derechos Fundamentales como la Vivienda, Alimentación, Recreación, etc., que hacen parte integral del Mínimo Necesario para vivir la vida en condiciones dignas, exigencia esta que hace imperativa la misma Constitución desde el artículo cuarto.

Me es obligatorio decir que la tristeza que me embarga, no sólo es por la negación de justicia que legitima la Corte con el Auto de marras, cosa ya muy grave, sino, y en especial, porque mi familia ha sido víctima de esta huida vulgar del estado, con la complicidad inexplicable del Tribunal Constitucional,  toda vez que mi madre, a quien le asiste el Derecho a la Pensión de Jubilación por haber trabajado con denuedo y compromiso a servicio del mismo Estado por más de 34 años y por haber cumplido la edad exigida por la Ley , y quien además ha solicitado el reconocimiento de este Derecho, desde hace más de 25 meses, no le ha sido resuelta la solicitud presentada, y la han sumido en un juego de Tenis digno del Open de Australia, en el que por frentes y reveces la han tenido como a las mismas pelotas que se utilizan en el mencionado juego.

Ha huido el Estado, despavorido al enfrentarse con el espejo de la ineptitud que ofende, que violenta Derechos, que desprecia a los ciudadanos, consecuencia de la falsa premisa de que el Estado es por concepción corrupto, y que por lo tanto, debe reducirse a su mínima expresión, lo que conlleva a una inoperancia fútil y abyecta, y su huída, que avizoramos con melancolía, encuentra ahora un nuevo lugar de asilo en un inaceptable acto de un Juez cuya función constitucional es la protección de los Derechos Fundamentales de las personas, y que ahora pretende prorrogar un Estado de Cosas vulgar, que de manera flagrante rechaza todos los postulados de la Constitución y hiere de muerte a miles de familia cuyo único sustento es el ansiado disfrute del Derecho a la Pensión, caso, gracias a Dios, que no es el de mi madre quien puede contar conmigo para proveerse sustento.

Lo que nos enseña la experiencia de la historia reciente del país es que, muy seguramente, este Auto contará con una adición y ampliación que será una nueva dilación que hará nugatorio el goce y disfrute del Derecho Fundamental a la Seguridad Social, y seguirá la Patente de Corzo que se ha otorgado al Seguro Social en Liquidación y a Colpensiones para que siga agraviando a la ciudadanía, que ahora además, tampoco cuenta con el amparo de los Jueces a los que acude, con la esperanza de que actúen en Justicia, y como medida alternativa para la resolución de los conflictos por vías pacíficas.

El aciago intento de desmantelar la Acción de Tutela intentado en el Gobierno Pasado encontró por fin eco en esta decisión de la Corte, que hace de este mecanismo que logró acercar la justicia a toda la ciudadanía, una herramienta ineficaz y renuncia así a una aspiración de Paz que hacía parte integral del armisticio suscrito con la proclamación de la Constitución Política de Colombia. No midió La Corte los alcances que este Auto puede tener en el devenir del Derecho en nuestro país, así como tampoco el grave agravio que infligió a los cientos de miles de personas que ven dilatado y retrasado el efectivo acceso a sus Derechos Fundamentales.

Ya veremos, a comienzos de 2014, qué nuevos argumentos encuentra La Corte para cohonestar con las diligencias dilatorias que han desplegado el Seguro Social en Liquidación y Colpensiones y así diferir ad infinitum el cumplimiento de las obligaciones de las cuales se ha evadido, ahora con licencia judicial.

Juan Pablo Gutiérrez Alzate

Abogado

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5 Minutos con la Constitución IV

Nuestros Derechos: Los Derechos Fundamentales y su protección

Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg

La Constitución Política de 1991, como vimos en la anterior entrada cambió el modelo Colombiano, dio un giro de 180° respecto del papel del Estado frente a los ciudadanos. Una de sus grandes revoluciones fue el listado de Derechos que incluyó.

En la Constitución estos se encuentran clasificados en "Fundamentales", "Sociales, Económicos y Culturales" y "Colectivos y del Medio Ambiente". Cada clasificación refleja un estado de la evolución de los Derechos en la humanidad. Sin embargo en nuestro país la efectiva garantía de todos estos niveles de Derechos está mediada por la capacidad del Estado para responder a dichas necesidades. La Constitución nos brindó herramientas jurídicas eficaces para su protección.

Centrémonos en los Derechos Fundamentales. La Constitución hace un listado ubicado entre sus artículos 11 al 41: La vida, a un trato digno, a la igualdad, a la personalidad jurídica, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de cultos, de expresar libremente el pensamiento, la honra, la Paz, el Derecho de Petición, de libre circulación, al trabajo, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, al Debido Proceso, a recurrir las decisiones judiciales, al asilo, a la protesta, a la libre asociación, a la unión sindical, a la participación política activa y a conocer la Constitución.

Este listado que en principio se concibió como definitivo fue ampliado por medio de las sucesivas decisiones de la Corte Constitucional, la cual en su papel de Juez de Tutela, ha agrandado ese catálogo y definido el alcance de varios de los mencionados Derechos.

La Acción de Tutela es el mecanismo creado por la Constitución de 1991 para la efectiva protección judicial de los Derechos Fundamentales. Es un procedimiento que se caracteriza por la rapidez y la oportunidad de la decisión que debe tomarse y porque se trata de un proceso especial que se tramita de manera excepcional.

La Acción de Tutela no requiere de Abogados para ser presentada, ni siquiera debe hacerse por escrito, lo más recomendable es que la persona que considera que alguno o varios de sus Derechos Fundamentales está siendo violentado escriba un breve relato en el que le cuente al Juez de Tutela los hechos que según él constituyen la mencionada violación, los Derechos que considera ultrajados y el agente de dichos actos. El Juez, que puede ser cualquiera de la jurisdicción en la que ocurrieron los hechos denunciados, tendrá 10 días para tomar una decisión en la que ordenará que los actos violatorios de los Derechos Fundamentales cesen inmediata y permanentemente, niegue la existencia de dicha violación o afirme que la violación ha cesado de manera definitiva. Las partes interesadas pueden oponerse a la decisión tomada por el juez y su superior dispondrá de 20 días para tomar la que considere adecuada.

En nuestro país los Derechos Fundamentales por los cuales la gente recurre con mayor frecuencia a la Acción de Tutela son la Salud, el de Petición, la Educación y el Libre Desarrollo de la Personalidad.

La Salud es uno de esos Derechos que no están en el listado del 11 al 41 que incluyó la Constitución. La Gente empezó a solicitar su amparo por medio de la figura de la Conexidad, es decir afirmado su vinculación directa con el Derecho Fundamental a la Vida y a la Dignidad Humana. Por ese camino La Salud empezó a trasegar por el sendero que la condujo a ser elevada al rango de Derecho Fundamental por la Corte Constitucional.

Los contradictores de la Acción de Tutela afirman que es un mecanismo anti-técnico que frena el aparato de justicia y que causa una gran inestabilidad jurídica, que le sale muy costosa al país y que ha creado la Gran Tiranía de los Jueces, que excusados en las decisiones de Tutela se convierten en reyezuelos sin límites.

Las críticas desconocen los grandes avances que la Acción de Tutela ha traído a la materialización de la verdadera justicia en Colombia. Este mecanismo ha empoderado a las personas de la protección legítima de sus Derechos Fundamentales. La gran cantidad de Tutelas que se presentan, y que ciertamente atiborran el aparato de justicia se deben al actuar defectuoso y muchas veces malintencionado de autoridades y prestadores de Servicios Públicos, en especial la Salud, que no cumplen con sus deberes y deben ser requeridos por la autoridad judicial. Los jueces de Tutela en efecto actúan con mucha libertad, pues el marco de sus decisiones es el de la Constitución Política misma y ellos están en el deber de tutelar los Derechos frente a quienes atentan contra ellos.

En esa labor la Corte Constitucional no está sola, la Constitución de 1991 creó nuevas instituciones, que serán el tema de una próxima entrada.

Nota del Redactor: Esta entrada hace parte de un grupo de nueve ensayos breves conmemorativos de los 20 años de la Constitución Política de Colombia, difundidos a través de la Emisora Cultural Caldas FM, de la Gobernación de ese Departamento.