Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate - @elmiquitojpg
Nuevamente, manoseada por los politiqueros oportunistas
que vieron el boquete abierto para garantizarse la impunidad, la que intentó
ser una respuesta para efectivizar el Derecho Fundamental al acceso a la
justicia para que ésta dejara por fin de ser exclusivamente para los de ruana,
claudicó frente a la avalancha de sátrapas que tienen el alto honor de
aprobarla.
Hemos renunciado, por voluntad del sabio (¿?) legislador, una vez más a
construir una herramienta efectiva para la paz. Porque el acceso a la justicia
pronta, eficaz y justa es un prerrequisito para construir una paz verdadera y
perdurable. Pues en otras condiciones, como las que reinan hoy en día, la
justicia no es garantía de que los ciudadanos, con válidos motivos, no tomen la
resolución de los conflictos en sus propias manos, dejándonos inmersos en un
círculo vicioso de negación de justica, que nos condenará a la guerra fraticida
por los siglos de los siglos, aunque de corazón espero estar equivocado.
O acaso no fue esta la promesa que nos hicieron
cuando se radicó en el Congreso este proyecto de reforma a la Constitución, que
sería casi el trigésimo, pero que terminó en la triste imagen de la cúpula de
la justicia arrodillada frente a un omnipotente gobierno, que hace su voluntad
en un congreso de avivatos y oportunistas, convenencieros que vieron en la supuesta
reforma la mejor oportunidad de atornillarse a los puestos a los que accedieron
en gracia de macabras asociaciones con los peores criminales de los que tiene
noticia la historia reciente de nuestro país.
De los mecanismos para la descongestión de los
despachos judiciales poco se habló, y el debate se centró en cómo beneficiar a
aquellos que hasta entonces habían sido digna y altiva piedra en el zapato de
una reforma que no incidía de fondo en el quid del problema, que no solucionaba la crisis
que tiene taponadas las vías institucionales de arreglo, y que serían el mejor
caldo de cultivo de una gran revolución ciudadana, si es que en Colombia
existiera Sociedad Civil.
Lo que hemos visto y oído nos muestra unos
operadores de justicia que, en beneficio propio, renunciaron a combatir con el
Caballo de Troya de un proyecto en el que incluso se insinuó la posibilidad de
que Álvaro Uribe, el mayor reformador de la Constitución de esta Patria, volviera
al Poder, cual mesías resurrecto, para que salvara, ahora sí, al país, de la
debacle en la que su designado sucesor lo había sumido. Porque en este caso
triunfó la avaricia de perpetuarse en sus puestos y beneficiarse de carambola
con la reforma, sobre el interés de toda una nación que ha esperado por décadas
una justicia en la que la impunidad no sea la reina todopoderosa.
Ya veremos qué frutos da el pretendido esperpento,
más allá de espurios beneficios a los actuales titulares de los cargos que pretenden
modificarse y de garantías inmerecidas en el juzgamiento a los Padres de la Patria, que han llegado a
serlo, con el apoyo de aquellos que han ultrajado a la nación.
Nos quedan debiendo el Gobierno, el Congreso y los
Directivos de la Justicia, una reforma que de verdad impacte en la gente que ve
perder la esperanza de una nación viable en el mediano plazo, anestesiada como
permanece, con el sedante de lo espectacular.
