jueves, 31 de mayo de 2018

Mi Voto es por la Democracia


Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate (@elmiquitojpg)

Mis respetos para todos los que optamos en primera vuelta por cualquiera de todas las opciones que había. La primera vuelta de esta elección fue una de las pocas en muchísimos años en Colombia, en la que verdaderamente teníamos la opción de escoger, y creo que mayoritariamente así lo hicimos.

Unos optamos por la opción que resultó en un fracaso estrepitoso, como ocurrió con Humberto De La Calle, otros con un triunfo en primera vuelta reflejado en casi un 40% del electorado, y otros tantos millones por opciones alternativas como la que representa Sergio Fajardo, y el segundo en la elección, Gustavo Petro.

¿Para qué mencionar a Vargas Lleras, candidato del continuismo de todo lo malo del Gobierno de Santos, y enemigo de todo lo bueno?

Pero en resumen, el resultado fue que la definitiva se dará entre Iván Duque Márquez y Gustavo Francisco Petro Urrego. Cada uno representa, al parecer, una Colombia distinta y cado uno tiene sus propios lastres.

Al otro día de la elección ya se cocinaban las adhesiones de los perdedores a los ganadores. Vargas Lleras se colgó al Uribismo inmediatamente, entregó su programa de Gobierno para que no pareciera una repartija burocrática, sino un “Acuerdo Programático”. Por su parte, sin asco de ninguna clase, el expresidente Gaviria hizo lo propio, y plegó el agónico Partido Liberal a las migajas que el Partido del que despotricó sin ambages quiera arrojarle, ahora que otra vez él y el expresidente Uribe son mejores amigos.

El escenario, ya lo dijimos, es el enfrentamiento entre dos Colombias distintas.

Para abordar la decisión a tomar, es necesario entrar a aclarar que la Democracia, en su concepción más amplia, trasciende la realización ininterrumpida de elecciones. Ese es desde luego un pilar fundamental, garantiza la alternancia en los poderes, y es evidentemente imprescindible.

Pero la Democracia va mucho más allá. Requiere la existencia de instituciones sólidas, transparentes, empeñadas en la consolidación del Estado Social de Derecho, que fue fundado como un “acuerdo sobre lo fundamental” en una época oscura de nuestra nación y que ha tenido profundos efectos en la sociedad.

Especialmente la Democracia requiere que las Ramas del Poder Público, dentro de un esquema de pesos y contrapesos, sirvan para controlarse unas a otras y garantizar que, dentro del marco jurídico establecido, todas cumplan su deber sin extralimitarse.

El acceso de una sola colectividad a todo el Poder pone en flagrante desequilibrio los pilares de la Democracia, pues no permite que las mismas ejerzan los pesos y contrapesos que les corresponde.

Es por lo anterior que considero que para la segunda vuelta, la única opción que garantiza la materialización de la Democracia es la que enarbola Gustavo Petro, y no propiamente porque él sea un denodado demócrata, sino precisamente por el sistema de pesos y contrapesos.

La elección de Iván Duque, quien propuso al Senador Uribe como Presidente del Congreso, es decir como cabeza del Legislativo (https://www.lafm.com.co/politica/ivan-duque-propone-uribe-como-primer-presidente-del-nuevo-congreso) y cuyo partido planea presentar una propuesta de reforma constitucional que modifique sustancialmente la Rama Judicial (https://www.elespectador.com/noticias/politica/esta-es-la-reforma-la-justicia-que-quiere-el-centro-democratico-articulo-791455), garantiza la univocidad de criterios en las diferentes Ramas del Poder Público en Colombia y permite la eliminación de todos límites que se pueden imponer recíprocamente.

Con un Congreso compuesto mayoritariamente por una coalición afecta al ejecutivo, el trámite del cambio de cualquier reforma sería expedito, y con una NeoCorte todopoderosa, y no sujeta al antecedente jurisprudencial de sus antecesoras, se pueden adoptar nuevas decisiones que se adapten a las necesidades del gobierno y sus compañeros del legislativo. Las consecuencias podrían ser desastrosas.

Ya sé que estoy apelando al miedo para validar mi argumento.

Es verdad, apelo al miedo, pero es un miedo fundado. Y lo es porque ya hemos visto como gobierna la colectividad de la que hace parte el candidato aventajado en esta primera vuelta, ya sabemos como está fundado su partido, que desde sus orígenes es una oda a la personalidad (Ver Estatutos del Centro Democrático: https://es.scribd.com/document/349528380/Estatuto-Del-Partido-Centro-Democratico-Vigente-2017) y ya sabemos que aquello de los pesos y contrapesos no son los componentes favoritos del esquema del Estado vigente.   

Elegir a Iván Duque es renunciar a estos componentes de la Democracia, a la independencia de las Cortes, a las aspiraciones del Estado Social de Derecho. Entronizar nuevamente al Uribismo en el Poder es dar un salto al pasado, y considero que quienes han optado por marginarse de la elección o por acudir al voto en blanco, flaco favor le están haciendo a la Democracia, pues cada apoyo que se le resta a Gustavo Petro, es sin dudas una ratificación del inminente triunfo de Iván Duque, y me perdonarán mis amigos que se hayan decantado por estas opciones.

En el otro lado está Gustavo Petro, que puede que, en gracia de discusión, no sea ni un aventajado demócrata, ni un destacado ejecutor, pero con certeza será un presidente que deberá someterse al imperio de la Ley, a las decisiones de las Cortes, al control del Legislativo y al permanente escrutinio por parte de la ciudadanía (entre la que me incluyo) y los diversos organismos de control.


Podemos optar por asistir al regreso del poder del Uribismo, con los riesgos ya señalados, o apoyar una candidatura, que si bien no satisface los gustos de todos (entre los cuales me incluyo), no pone en riesgo los pilares de la Democracia, y puede resultar estimulante para la consolidación de una Sociedad Civil preocupada por el desempeño de las funciones del Estado y comprometida con su vigilancia y control.

lunes, 5 de junio de 2017

Lo que Yo creo


Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate - @elmiquitojpg

He contemplado la posibilidad de participar en política, como candidato. Sin embargo, mi Yo de junio de 2017 no se siente representado por las plataformas de los Partidos Políticos vigentes, y mis posiciones, variadas y heterodoxas, no se pueden encasillar en ninguna escuela en particular.

Me dispongo entonces a plantear los linderos que delimitan mi pensamiento, con el riesgo que si en algún momento efectivamente decidiera “poner mi nombre a consideración del electorado”, estas palabras puedan ser usadas en mi contra, como evidencia irrebatible de mi falta de coherencia y de virtudes para ejercer el cargo al que me postulare, o no.

Es así como pretendo manifestarme sobre los siguientes puntos: Economía, Libertades Individuales, Participación Ciudadana, Libertad Religiosa, Aborto, Pena de Muerte, Familia y Trabajo.

Soy Católico, Apostólico y Romano, rezo el rosario todos los días vía telefónica con mi mamá, voy a Misa con la mayor frecuencia que pueda, creo en consecuencia, que la Libertad Religiosa es un Derecho Fundamental, para todos sin distinción de en qué creen las personas, y no creo que por nuestra posición mayoritaria dentro de la población nacional, podamos imponer nuestras creencias u obtener mayor preponderancia que la actual. Creo que la Iglesia no debería participar en política electoral ni partidista, lo que no significa que no pueda alzar su portentosa voz frente a las diferentes realidades políticas y sociales. Los Laicos, entre los que me incluyo, en cambio sí estamos llamados a participar de elecciones, de partidos, de centros de opinión, como un medio de santificación personal y del mundo, en la vida ordinaria, y como manifestación del cumplimiento de nuestros deberes sociales y políticos.  

Creo en el Libre Comercio, pero libre – libre. Libre de las componendas de los comerciantes en desmedro de los derechos de los consumidores. Libre de las barreras que hacen más oneroso el acceso a bienes y servicios, y libre de la avaricia que causa que los productores busquen el mayor beneficio desconociendo las condiciones laborales de sus empleados. Una economía que, con la vigilancia permanente del Estado, permita la armonización entre el bienestar, el lucro y la sustentabilidad de la producción para no destruir el planeta en el proceso. También creo en la economía colaborativa, en el cooperativismo, en la unión de las comunidades para proveerse de recursos y ofrecerlos en condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad.

Creo en el ejercicio de la ciudadanía activa. Con hombres y mujeres conocedores de sus derechos, activos en los asuntos comunitarios, respetuosos de los demás, exigentes con sus mandatarios, responsables y coherentes con sus votos. Que no son temerosos de salir a las calles a exigir sus derechos, pero que igualmente, son responsables a la hora de cumplir sus deberes. Creo en la Libertad Individual como un pilar inamovible de la Democracia y creo en la Democracia mucho más allá de las elecciones, conformada por la Libertad de Opinión y de Prensa, la Justicia Pronta, la Seguridad Social y Material, la Propiedad Privada con responsabilidad social.  Creo en la Libertad como la opción que tenemos de inclinarnos por hacer el bien.

Creo en la resocialización, en la reintegración, por lo cual no creo que en ningún caso las penas deban ser excesivamente largas, muchísimo menos perpetuas, y absolutamente no de muerte. Nadie puede disponer de la vida de otro. Nadie.

Como Abogado, soy consciente de la importancia que tienen las decisiones de las Altas Cortes, particularmente, aquellas proferidas en el caso de Colombia por la Corte Constitucional, que es el tribunal de defensa y robustecimiento de la Constitución. Sus decisiones en firme, tienen la misma fuerza de la Ley y son de obligatorio cumplimiento para todos. Pero acudiendo a lo que dijera Marthin Luther King, me siento moralmente obligado a rechazar una decisión de esa corte y es la relativa al Aborto. Reconozco la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo, y sus implicaciones, pero en este caso estoy íntimamente convencido que el Aborto no se efectúa sobre el cuerpo de la mujer, sino sobre la humanidad inerme de un ser, cuya dignidad no radica en su tamaño y autonomía, sino en su propia humanidad, constituida desde el momento mismo de la fecundación. Creo que una vez cometida esta atrocidad, el abuso, el maltrato, la enfermedad, y los demás males que supuestamente busca prevenir, siguen impávidos y sin una solución de fondo.  

Creo en la Familia como pilar de la sociedad. Reconozco en la Familia Tradicional, conformada por Papá, Mamá e Hijos un modelo excelente, pero eso sí, no exclusivo. Yo mismo provengo de un Matriarcado encabezado por mi abuela, mi aguerrida madre soltera y sus dos sobrinas. También somos Familia, y Familia Cristiana. Así como también lo son aquellas otras modalidades en las que el amor, la cooperación y el respeto mutuos son la constante, sin importar su conformación.

Creo en la educación como motor de transformación y movilidad social. Como Derecho Fundamental, universal, de calidad, que muestre a los estudiantes el universo en toda su magnitud, y no un unívoco camino hacia una única realidad, en la que en condiciones dignas los niños, niñas y jóvenes, reciban formación para el desarrollo humano y habilidades para su vida, acompañados por maestros que con unas condiciones laborales particularmente buenas, hagan de la docencia una vocación impulsada por el Amor.

Y finalmente, creo en el Trabajo, como medio idóneo de autorrealización, en condiciones justas, bien remunerado, con acceso a la Seguridad Social, en jornadas que no ocasionen el abandono de otros intereses y el descuido de la familia. Un trabajo que permita al trabajador valerse por sí mismo y apoyar a los suyos, digno y estable, que permita la potencialización del hombre, el aprovechamiento racional de la creación y la materialización de los derechos que a él son conexos. Un trabajo en el que cada uno reciba exactamente el valor del esfuerzo imprimido, sin distinciones espurias o discriminatorias, y en el que con igualdad de oportunidades, todos sean tratados conforme a sus capacidades.

Pero en últimas, lo que yo creo no importaría, sino estuviera dispuesto a luchar porque se hiciera realidad, y lo estoy. 

miércoles, 5 de abril de 2017

Palacio no aceptó su delito, pero sí la Competencia de la JEP

Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate - @elmiquitojpg

Al parecer sin leer en su totalidad el documento, el Secretario General Encargado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, inundó los medios de comunicación con una información escandalosa: Diego Palacio, exministro de Uribe, solicita ingresar a este sistema punitivo especial, y para ello acepta la comisión del delito de cohecho, que permitió que Uribe pudiera incluir su nombre como candidato en las elecciones presidenciales de 2006.

En el documento de Palacio, presentado ante Correa a modo de Derecho de Petición, aquel hace un detallado recuento de las circunstancias que llevaron a su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene privado de su libertad. Efectivamente en su comunicación el exministro reconoce su estado actual y acepta la condena como un hecho indiscutible, pues por su condición de aforado, no existe una segunda instancia que la revise.

Pero la comunicación de Palacio no dice, como afirmó Correa, que aceptaba la comisión de ese delito y en razón de ello, se acogía a las condiciones de la JEP para obtener una “libertad transitoria, condicionada y anticipada”. No es pues la bomba mediática que se pretendió y en la que cayeron todos los medios nacionales y varios internacionales, y los incautos que les seguimos creyendo. El exministro insiste en su inocencia, sin embargo, reconoce no tener más medios procesales para demostrarla.

Patinó el Secretario Encargado, y con él, la entrada en escena de la JEP. Le dio la oportunidad al Senador Uribe de salir trino en ristre contra el tribunal para la Paz, no sin argumentos, y dio un golpe a la credibilidad de dicho organismo, que como sabemos, es uno de los pilares para la terminación del conflicto con las FARC.

Para justificar su ingreso a este esquema de responsabilidad especial, Palacio aduce que el delito por el que fue condenado se relaciona con el conflicto armado en la medida que permitió dar continuidad al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con él a su política de Seguridad Democrática, especialmente recia contra las FARC. 

Pero entre las líneas del escrito de Palacio hay mucho más de lo que está escrito.

Se plantea una hipótesis que da lugar al debate. Si bien, como ya se señaló, el exministro no acepta haber cometido el delito que lo tiene privado de su libertad, sí reconoce que dicha conducta estaría relacionada con el Conflicto Armado, y se acoge a su entonces condición de Servidor Público.

¿Podría reconocerse que esa condena, que él insiste en rechazar, puede ser el puente que lo saque de la Justicia Ordinaria a la Especial para la Paz y lo lleve una “libertad transitoria, condicionada y anticipada”? Eso deberá definirlo precisamente el tribunal que está por constituirse.

Pero lo más revelador de la comunicación es que un alfil del Uribismo, que marchó el pasado 01 de abril aduciendo una pretendida condición de Perseguido Político en razón de la cual acusa a la Corte Suprema de Justicia de “Politizada y Prevaricadora”, sea precisamente el primero de los cuales en dar un reconocimiento formal a la Justicia Especial para la Paz, que sus copartidarios se han encargado de vapulear, tildando de ilegítima.



Es esta solicitud radica el reconocimiento que la JEP, y en especial los actos que le dieron vida: El Acuerdo de Bogotá, la Refrendación por la Parte del Congreso y la Ley 1820 de Amnistía, Indulto y Tratamiento Penal Especial, así como un reconocimiento anticipado a la Ley Estatutaria de la JEP que deberá expedirse muy pronto.

Palacio con esta solicitud se ha ido contracorriente de sus copartidarios, que desconocen todos esos actos, y que denigran día a día de un “acuerdo con el que se le entregó el país a las FARC”, mientras que su cofrade, por otro lado, lo ve como una luz al final del túnel en el que se vio sumido, porque, como lo afirmó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que lo condenó, actuó de manera contraria a Derecho, en desmedro del ordenamiento constitucional y con el propósito de beneficiar a una única persona, y esto, es Verdad Procesal.

lunes, 17 de octubre de 2016

Sobre las Propuestas del NO para reformar los Acuerdos de La Habana



Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate (@elmiquitojpg)

Por fin, después de casi dos semanas, los representantes del NO en el Plebiscito para la refrendación de los Acuerdos de La Habana, presentaron sus propuestas de reforma de dichos Acuerdos, que serán socializadas con los negociadores de las FARC. Me propongo revisar cada una para ver qué tan constructivas, realistas y viables pueden ser, con ese propósito, tomo el resumen que presentó el diario El Tiempo el día de hoy, 15 de octubre de 2016[1], de conformidad con la estructura allí planteada. Encontrarán en letra azul el proponente, en letra verde la propuesta y en letra morada mi opinión al respecto:

Propuestas del Centro Democrático:
- Eliminar la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y ser reemplazada por un sistema de justicia transicional dentro de la justicia ordinaria.
- Este sistema de justicia transicional tendría unas salas especializadas que se denominarían Cortes para la Paz, así como Fiscalías para la Paz. Las primeras estarían encargadas de juzgar y las segundas de investigar. Estos tribunales no podrán tener jueces extranjeros.

--> Esta propuesta es un ajuste cosmético. No hay un reproche efectivo al tema de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ni a la Justicia Transicional como tal. Simplemente busca desmantelar la estructura de los tribunales planteada en los Acuerdos de La Habana.

- En cuanto a las penas a los guerrilleros involucrados en delitos de lesa humanidad, establecen que si hay reconocimiento de la responsabilidad, deberán pagar entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en granjas agrícolas. Y si no hay reconocimiento de responsabilidad, entre 15 y 20 años en prisión convencional.

--> Con esta propuesta quedan al garete los componentes de la Justicia Transicional: Verdad, Reparación y especialmente No Repetición, que son ejes de la Justicia Transicional en los Acuerdos. En el análisis de otros procesos de paz adelantados en otras partes del mundo, es fácil evidenciar que ningún grupo de combatientes ha aceptado ni efectivamente ha terminado en la cárcel o en alguna  modalidad de privación efectiva de la libertad. Las propuestas del NO presuponen unas FARC derrotadas, rendidas al imperio estatal, cosa que sabemos de sobra, no es cierta.

Aceptan las cinco curules en el Senado y las cinco en la Cámara de Representantes, ya contempladas en el acuerdo, pero advierten que estas no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad.

--> Esto es un retroceso en la posición que había planteado el entonces Presidente Uribe Vélez, que en su momento afirmaba que si como fruto de un Proceso de Paz era necesario otorgar curules a los condenados, este “obstáculo” podría ser removido de la Constitución Política[2]. Es fácilmente previsible que los máximos líderes de la Guerrilla sean condenados por Crímenes de Lesa Humanidad por su participación directa o como responsables a través de estructuras de poder o de mando. ¿Aceptarían ellos, en su condición de negociadores, excluirse de la posibilidad de acceder a la Política sin Armas? ¿Tendría para ellos propósito el Acuerdo de La Habana con esta limitación: Irse a la cárcel y perder la posibilidad de defender sus ideales en el escenario político? 

- El Centro Democrático propone que, en el punto de narcotráfico, las Farc se comprometan a entregar toda la información de sus zonas de cultivo, sus rutas empleadas, su cadena logística, sus proveedores de precursores químicos y sus redes de lavado de activos, así como emplear por razones de seguridad nacional la aspersión aérea.

--> En el componente de Terminación al Problema de las Drogas las FARC se comprometieron a contribuir en la erradicación definitiva de la producción de la droga en Colombia, así mismo el componente de Verdad de la JEP obligaba que se dijera la verdad completa de los delitos endilgados, se podría presumir que los requisitos exigidos en este punto cabrían en estos componentes ya contenidos en los Acuerdos, pero como con las FARC no se sabe, incluir en el texto estas precisiones no es una idea descabellada, y podría contribuir realmente en la solución definitiva al Problema de las Drogas.

Por su parte, el tema de la aspersión aérea está contemplado en los Acuerdos, pero como última opción, lo cual está fundamentado en motivos ambientales.

- El uribismo pide que se precise que el narcotráfico sea un delito autónomo y que, por lo tanto, no pueda ser amnistiable.

--> Sería muy sano que la Corte Constitucional se pronunciara en este punto específico, dado que su inclusión en los Acuerdos responde al hecho que el narcotráfico se asimila al Delito Político, en la medida en la que busca subsidiar “la lucha revolucionaria”, hipótesis que si bien puede ser discutible, no es absolutamente descabellada. 

Víctimas de las Farc
- Entrega inmediata de secuestrados, de todos los menores reclutados y de las coordenadas de quienes hayan sido desaparecidos por las Farc.
- Reparación a las víctimas con patrimonio de las Farc.

--> Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que las FARC ya no tienen secuestrados en su poder. De hecho, este fue uno de los requisitos sin los cuales, no se daba apertura a la Fase Pública de los diálogos. El tema de la devolución de los menores, que es realmente un imperativo moral, ya se estaba adelantando con evidentes limitaciones, y exigir que se proceda de inmediato es desconocer las dificultades prácticas de dicho proceso.
Volviendo al componente de la JEP, la ubicación de los desparecidos hace parte, necesariamente, del componente de Verdad que la integra, y la reparación precisamente al componente de Reparación que incluye la reparación simbólica, la formal y la material (entre otras), por parte de los responsables. Aspirar a que exclusivamente las FARC aporten para la reparación desconoce que esto puede hacer nugatorio el Derecho a la reparación material, por un lado, y por el otro, que no son ellas los únicos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos en el país.   

Marta Lucía Ramírez
- Sobre el punto agrario, propone definir la extinción del dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, como mecanismo para conformar el Fondo de Tierras.


--> Los criterios de Extinción de Dominio están establecidos en la Constitución Política de 1991 y en la Ley.

- Priorizar a las víctimas en la entrega de tierras y sugiere contemplar un modelo empresarial para el desarrollo rural, más allá de la entrega de predios a campesinos.

--> Esto está contemplado en los Acuerdos, desde los Principios señalados en el primer punto del Acuerdo: Entre otros, Priorización e Integralidad, que se desarrollan en los mismos.

- Precisar que las zonas de reserva campesina no tengan autonomía política o administrativa, e incorporar un cronograma de los compromisos del Estado sujeto a la regla fiscal.

--> Esta precisión desconoce los principios de descentralización y autonomía administrativa. Las Zonas de Reserva Campesina, buscan, entre otras, dotar a las agrupaciones de campesinos de herramientas que les permitan orientar la planeación y la inversión de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones.

- Propone que la financiación del partido que surja de las Farc sea igual a la de los demás partidos existentes; que quede claro que su actividad política no se podrá realizar con los dineros ilegales y que los responsables de delitos atroces no podrán ser congresistas ni presidentes.


--> Si bien el desequilibrio planteado en los Acuerdos respecto de la financiación del partido de las FARC está fundamentado, esta exigencia es válida. Por su parte es evidente que de no contar con una financiación con origen legal, quienes adelanten estas prácticas estarían incursos en causales de exclusión del proceso de reinserción.

- Que las Farc den a conocer el serial de las armas entregadas y eliminar la participación de los dos miembros de la guerrilla en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

--> La identificación a través del serial de las armas es sana para garantizar la trazabilidad del almacenamiento y dejación definitiva de aquellos elementos que sean entregados. La participación de miembros de las FARC en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad hace parte de un mecanismo de protección para dicho grupo, y es una medida, entre otras, tendiente a la prevención de actos en su contra, como los que ocurrieron contra los militantes de la Unión Patriótica y otras agrupaciones minoritarias, igualmente, asegura que dichos elementos no terminen en manos de otras organizaciones criminales, como Neo-Paramilitares u otros guerrillas.   

- En materia de justicia transicional, sugiere establecer que los responsables de delitos de lesa humanidad tengan condenas de reclusión en colonias penales agrícolas desde 6 hasta 10 años, pero efectivas entre 3 y 5 años si dicen toda la verdad y reparan a las víctimas. Propone que los recursos de las Farc sirvan para ese efecto.
- También formula crear la Sala Especial de Paz, integrada por colombianos y extranjeros, dentro de la Corte Suprema de Justicia, con una duración 15 años.
- Finalmente pide que el nuevo acuerdo no sea incorporado a la Constitución Política y que su implementación esté ligada a los mecanismos ordinarios contemplados en la Carta.

--> Esta propuesta se asemeja a la del Centro Democrático. Incluye la novedad de un Plazo para la duración de la “Sala Especial de Paz” de la Corte Suprema de Justicia, que es sano, en la medida que fija unos plazos para el adelantamiento de los procesos judiciales.

Andrés Pastrana con exmagistrado y académicos
- Jurisdicción Especial para la Paz, que tenga un límite en el tiempo de dos años para comenzar los procesos. Los que lleguen luego irían a la justicia ordinaria.
- JEP esté articulada con la jurisdicción ordinaria mediante dos mecanismos: una última instancia que esté a cargo de una sala especial de la Corte Suprema de Justicia, y que las acciones de tutela sean revisadas por la Corte Constitucional.

--> Un límite de dos años para la competencia de la JEP es irrisorio, sobre todo si se considera que debe juzgar hechos que se extienden en un lapso superior a las cinco décadas.

No es descabella la idea de incluir una Sala de Casación de Paz en la Corte Suprema de Justicia y una Sala de Revisión de Paz en la Corte Constitucional, lo cual permite fortalecer estos organismos y brinda unidad y seguridad jurídica.   

- Que todos los jueces de la justicia transicional sean nacionales.

--> No es una exigencia absurda, sin embargo la presencia de jueces extranjeros, contenida en los acuerdos garantiza la máxima imparcialidad y una implementación adecuada de la Justicia Transicional. 

- En materia de penas, que los responsables de delitos de lesa humanidad no paguen sus delitos en cárceles, pero a cambio propone que cumplan la reclusión en zonas que cuenten con restricción de la movilidad y monitoreo del Estado, en “zonas rurales de transición”, definidas geográficamente. Excepcionalmente, las penas podrían ser cumplidas en el exterior.


--> Esto es básicamente lo que está planteado en los Acuerdos. La propuesta es inocua. 

- Pide que las Farc, seis meses después de que se firme un nuevo acuerdo, entreguen toda la información que tengan disponible sobre el narcotráfico: rutas, contactos extranjeros y nacionales, compradores y vendedores de coca, marihuana y opio, ubicación de laboratorios y rutas de ingreso de insumos, entre otros.
- Sobre el delito del narcotráfico, propone que este no sea conexo a la rebelión y que por tanto no sea objeto de amnistía.

--> Propuestas equivalentes a las del Centro Democrático.

- Otra de las ‘líneas rojas’ del expresidente es la “protección plena” de la propiedad privada.


--> Ningún componente de los Acuerdos pone en riesgo la Propiedad Privada. En el Acuerdo están contemplados mecanismos ya existentes para la implementación del Principio de la Función Social de la Propiedad.  

- Garantizar el cumplimiento de lo que se acuerde, que este mecanismo no puede ser la incorporación de lo acordado al Bloque de Constitucionalidad, pues ello llevaría a la sustitución de la Constitución vigente.

--> Los Acuerdos no son sólo un pacto del Gobierno con las FARC, sino un gran pacto nacional para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que haga parte del Bloque de Constitucionalidad no sustituye la Constitución.

Alejandro Ordóñez
- Revisar que “no quede ninguna ambigüedad que exponga a la sociedad” al concepto de “Ideología de Género”.
- Solicita que en el nuevo acuerdo que se logre se agregue un enfoque de familia que proteja la “célula fundamental de la sociedad”. 

--> La propuesta es simplemente pérfida. Una lectura sencilla de los acuerdos evidencia que en éstos no está contenido ningún elemento que pudiera configurar la promoción de la Ideología de Género, contrario a que existe un enfoque de género, que parte del hecho de la especial victimización de la que mujeres y miembros de la comunidad LGBTI han sido objeto en el curso del Conflicto Armado.

Incluir en un Nuevo Acuerdo un enfoque de familia que proteja a un único modelo de Familia, por ejemplo, el conformado por Papá, Mamá e Hijos, si bien ideal, le da la espalda a la realidad y adicionalmente desconoce los pronunciamientos que al respecto ha proferido la Corte Constitucional.

- El narcotráfico es un delito conexo a los de lesa humanidad, de guerra y de genocidio, y que por tanto quienes hayan estado involucrados en esa actividad –no conexo al delito político para Ordóñez–, no pueden ser amnistiados.

--> Definir el Narcotráfico como un Crimen de Lesa Humanidad es todavía más intrépido que considerarlo un Delito Político, es una propuesta poco realista, que dificultaría muchísimo más una posible renegociación con las FARC.

- Propone que la base del tratamiento especial de la justicia transicional sea la confesión completa, no solo el reconocimiento de los crímenes que el Estado logre demostrar.

--> Si bien es una propuesta interesante, desconoce el principio de presunción de inocencia, pues aunque se supone que todos los miembros de una organización al margen de la Ley están incurso en algún delito, la implementación de dicha propuesta puede llegar a que se exija la confesión de delitos o crímenes no cometidos para garantizar el acceso a los beneficios de la JEP. 

- Pide que la totalidad de la riqueza acumulada por las Farc e individualmente por sus integrantes sea entregada como condición previa para acceder a la justicia transicional.

--> Es una petición loable, que efectivamente no estaba contenida explícitamente en los Acuerdos. Se presumiría que sí es realizable, pues antes del Plebiscito las FARC anunciaron que iban a presentar el inventario de sus bienes, lo que contribuiría a consolidar la confianza de las víctimas en el proceso de reparación, y que éste sea integral.

- “Quienes hayan sido miembros de una organización victimaria no pueden formar parte de cuerpos armados ni crear aparatos armados privados”, dice el documento de peticiones de Ordóñez. De esta manera, pide eliminar del acuerdo el sistema de protección especial a los miembros de las Farc, del que formarían parte integrantes del grupo guerrillero y miembros de las Fuerzas Armadas.

--> Este tema es equivalente a la propuesta de Martha Lucía Ramírez.

- Sobre la participación política de los miembros de las Farc, insta a que esta sea condicionada al cumplimiento de la pena y a la satisfacción de las víctimas.

--> Esta propuesta pareciera ser una perogrullada, pero no lo es. Durante el debate previo al Plebiscito, se llegó a afirmar que la cúpula de las FARC iba a tener el Congreso por Cárcel. La inconveniencia práctica de esta posibilidad es evidente, pero una vez más se plantea el tema de los propósitos de la negociación, y lo poco probable que es una renegociación que pretenda llevar a la cúpula de la guerrilla a la cárcel y le niegue la eligibilidad política.  

- La garantía de cumplimiento de lo acordado no puede sustituir a la Constitución.

--> La sustitución de la Constitución consiste en incluir en ella elementos que le sean completamente ajenos y que transformen absolutamente el modelo de Estado planteado por el Constituyente de 1991, como ocurría, por ejemplo, con la Reelección Indefinida. Cabe acá preguntarse si la inclusión de los Acuerdos al Bloque de Constitucionalidad transforma el Estado Social de Derecho erigido en la Constitución, o si sus componentes la reemplazan de manera definitiva. En mi opinión, los Acuerdos de La Habana no son más que un desarrollo e implementación material del artículo 22 que la doctrina y la jurisprudencia habían señalado tradicionalmente más como una aspiración que un derecho propiamente tal.

* * * * * * * *

La zozobra y la incertidumbre en la que el triunfo del NO sumió al proceso de La Habana ve por fin una luz al final del túnel, pues al menos plantea puntos concretos sobre los cuales se puede conversar con las FARC, quienes, teniendo presente los resultados del Plebiscito, deben valorar la conveniencia de dichas propuestas.

Entre tanto, es válido que nosotros los ciudadanos sigamos exigiendo a nuestra clase política que abandone la mezquindad, los egos y las envidias, y proceda de la manera más beneficiosa para el país.  

Insisto, hay una luz al final del túnel, ojalá que esa luz no corresponda a la de un tren que viene hacia nosotros.