Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate - @elmiquitojpg
Al parecer sin leer en su totalidad el documento, el Secretario
General Encargado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl
Correa, inundó los medios de comunicación con una información escandalosa:
Diego Palacio, exministro de Uribe, solicita ingresar a este sistema punitivo
especial, y para ello acepta la comisión del delito de cohecho, que permitió
que Uribe pudiera incluir su nombre como candidato en las elecciones
presidenciales de 2006.
En el documento de Palacio, presentado ante Correa a modo de
Derecho de Petición, aquel hace un detallado recuento de las circunstancias que
llevaron a su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo
tiene privado de su libertad. Efectivamente en su comunicación el exministro
reconoce su estado actual y acepta la condena como un hecho indiscutible, pues
por su condición de aforado, no existe una segunda instancia que la revise.
Pero la comunicación de Palacio no dice, como afirmó Correa, que
aceptaba la comisión de ese delito y en razón de ello, se acogía a las
condiciones de la JEP para obtener una “libertad transitoria, condicionada y
anticipada”. No es pues la bomba mediática que se pretendió y en la que cayeron
todos los medios nacionales y varios internacionales, y los incautos que les
seguimos creyendo. El exministro insiste en su inocencia, sin embargo, reconoce
no tener más medios procesales para demostrarla.
Patinó el Secretario Encargado, y con él, la entrada en escena de
la JEP. Le dio la oportunidad al Senador Uribe de salir trino en ristre contra
el tribunal para la Paz, no sin argumentos, y dio un golpe a la credibilidad de
dicho organismo, que como sabemos, es uno de los pilares para la terminación
del conflicto con las FARC.
Para justificar su ingreso a este esquema de responsabilidad
especial, Palacio aduce que el delito por el que fue condenado se relaciona con el
conflicto armado en la medida que permitió dar continuidad al gobierno de
Álvaro Uribe Vélez y con él a su política de Seguridad Democrática, especialmente recia contra las FARC.
Pero entre las líneas del escrito de Palacio hay mucho más de lo
que está escrito.
Se plantea una hipótesis que da lugar al debate. Si bien, como ya
se señaló, el exministro no acepta haber cometido el delito que lo tiene
privado de su libertad, sí reconoce que dicha conducta estaría relacionada con
el Conflicto Armado, y se acoge a su entonces condición de Servidor Público.
¿Podría reconocerse que esa condena, que él insiste en rechazar,
puede ser el puente que lo saque de la Justicia Ordinaria a la Especial para la
Paz y lo lleve una “libertad transitoria, condicionada y anticipada”? Eso
deberá definirlo precisamente el tribunal que está por constituirse.
Pero lo más revelador de la comunicación es que un alfil del
Uribismo, que marchó el pasado 01 de abril aduciendo una pretendida condición
de Perseguido Político en razón de la cual acusa a la Corte Suprema de Justicia
de “Politizada y Prevaricadora”, sea precisamente el primero de los cuales en
dar un reconocimiento formal a la Justicia Especial para la Paz, que sus
copartidarios se han encargado de vapulear, tildando de ilegítima.
Es esta solicitud radica el reconocimiento que la JEP, y en especial los
actos que le dieron vida: El Acuerdo de Bogotá, la Refrendación por la Parte
del Congreso y la Ley 1820 de Amnistía, Indulto y Tratamiento Penal Especial,
así como un reconocimiento anticipado a la Ley Estatutaria de la JEP que deberá
expedirse muy pronto.
