Palacio no aceptó su delito, pero sí la Competencia de la JEP

Por: Juan Pablo Gutiérrez-Alzate - @elmiquitojpg

Al parecer sin leer en su totalidad el documento, el Secretario General Encargado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, inundó los medios de comunicación con una información escandalosa: Diego Palacio, exministro de Uribe, solicita ingresar a este sistema punitivo especial, y para ello acepta la comisión del delito de cohecho, que permitió que Uribe pudiera incluir su nombre como candidato en las elecciones presidenciales de 2006.

En el documento de Palacio, presentado ante Correa a modo de Derecho de Petición, aquel hace un detallado recuento de las circunstancias que llevaron a su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene privado de su libertad. Efectivamente en su comunicación el exministro reconoce su estado actual y acepta la condena como un hecho indiscutible, pues por su condición de aforado, no existe una segunda instancia que la revise.

Pero la comunicación de Palacio no dice, como afirmó Correa, que aceptaba la comisión de ese delito y en razón de ello, se acogía a las condiciones de la JEP para obtener una “libertad transitoria, condicionada y anticipada”. No es pues la bomba mediática que se pretendió y en la que cayeron todos los medios nacionales y varios internacionales, y los incautos que les seguimos creyendo. El exministro insiste en su inocencia, sin embargo, reconoce no tener más medios procesales para demostrarla.

Patinó el Secretario Encargado, y con él, la entrada en escena de la JEP. Le dio la oportunidad al Senador Uribe de salir trino en ristre contra el tribunal para la Paz, no sin argumentos, y dio un golpe a la credibilidad de dicho organismo, que como sabemos, es uno de los pilares para la terminación del conflicto con las FARC.

Para justificar su ingreso a este esquema de responsabilidad especial, Palacio aduce que el delito por el que fue condenado se relaciona con el conflicto armado en la medida que permitió dar continuidad al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con él a su política de Seguridad Democrática, especialmente recia contra las FARC. 

Pero entre las líneas del escrito de Palacio hay mucho más de lo que está escrito.

Se plantea una hipótesis que da lugar al debate. Si bien, como ya se señaló, el exministro no acepta haber cometido el delito que lo tiene privado de su libertad, sí reconoce que dicha conducta estaría relacionada con el Conflicto Armado, y se acoge a su entonces condición de Servidor Público.

¿Podría reconocerse que esa condena, que él insiste en rechazar, puede ser el puente que lo saque de la Justicia Ordinaria a la Especial para la Paz y lo lleve una “libertad transitoria, condicionada y anticipada”? Eso deberá definirlo precisamente el tribunal que está por constituirse.

Pero lo más revelador de la comunicación es que un alfil del Uribismo, que marchó el pasado 01 de abril aduciendo una pretendida condición de Perseguido Político en razón de la cual acusa a la Corte Suprema de Justicia de “Politizada y Prevaricadora”, sea precisamente el primero de los cuales en dar un reconocimiento formal a la Justicia Especial para la Paz, que sus copartidarios se han encargado de vapulear, tildando de ilegítima.

Es esta solicitud radica el reconocimiento que la JEP, y en especial los actos que le dieron vida: El Acuerdo de Bogotá, la Refrendación por la Parte del Congreso y la Ley 1820 de Amnistía, Indulto y Tratamiento Penal Especial, así como un reconocimiento anticipado a la Ley Estatutaria de la JEP que deberá expedirse muy pronto.

Palacio con esta solicitud se ha ido contracorriente de sus copartidarios, que desconocen todos esos actos, y que denigran día a día de un “acuerdo con el que se le entregó el país a las FARC”, mientras que su cofrade, por otro lado, lo ve como una luz al final del túnel en el que se vio sumido, porque, como lo afirmó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que lo condenó, actuó de manera contraria a Derecho, en desmedro del ordenamiento constitucional y con el propósito de beneficiar a una única persona, y esto, es Verdad Procesal.