El Temor a la Pena: Una tarea fallida de la Política Criminal

Por: Juan Pablo Gutiérrez Alzate – @elmiquitojpg

Hoy en día nuestras clases de Derecho Penal comienzan con la alusión a que esta especialidad está basada en el respeto de la Dignidad Humana, como consecuencia lógica de la construcción (aún en ciernes) del Estado Social de Derecho que en 1991, con la expedición de la Constitución dijimos ser, anunciando de este modo un modelo eminentemente garantista.

Cuando nos posamos sobre los intríngulis de la Política Criminal, nos damos cuenta que es un complejo entramado que involucra a todas las ramas de Poder Público en la formulación y en especial en la ejecución de las diferentes medidas tendientes a la regulación de la conducta criminal y su respectivo impacto en la sociedad.

Para llegar a ese punto ya habremos hecho un recorrido por la historia de la evolución y de la proyección del Derecho Penal, desde la Ley del Talión hasta el Derecho Penal del Enemigo. En ese recorrido hacemos una pausa obligada en torno a la figura de Cesare Beccaria, padre del Derecho Penal posterior al Ancien Regimen. “De los delitos y las penas” de Beccaria, se convirtió en un Best-Seller que influenció profundamente la vista general sobre los delitos cometidos y sus perpetradores y en especial el modo de aplicar las penas a estas personas.

La Dignidad Humana debe entonces ser el eje conductor de las actuaciones y decisiones ocurridas en un Proceso Penal; es nuestro deber como sociedad actuar con máxima humanidad frente a los más inhumanos actos de los delincuentes, pues esta actitud es parte del reproche que les podemos hacer frente a su conducta.

Pero estas garantías que estamos dispuestos a ofrecerles no desconocen las demás características que las penas deben tener para que cumplan con su fin último de disuadir a los asociados de cometer delitos.

Porque la imposición de una pena a alguien que ha sido derrotado en un juicio va mucho más allá de la simple privación de la libertad. Detrás de esta decisión está todo el andamiaje del Estado y un claro mensaje para la sociedad: Está la Ley Penal, redactada en el Congreso de la República, que responde al interés de proteger unos bienes jurídicos determinados, ésta, valga recordar, debe ser expresa, previa y sin campo a interpretaciones; está la Rama Ejecutiva que es la potestada para iniciar la persecución del presunto culpable del delito y finalmente la Rama Judicial, quien decide sobre la culpabilidad del acusado y el monto de la pena a imponer al hallarlo culpable.

Pero el mensaje va más allá, lo que el Estado dice a toda la sociedad con la imposición de una pena, es que está todo su aparato en contra de la conducta sancionada. Es decir, que el delincuente no puede estar tranquilo en ninguna parte del país (ni del mundo, gracias a la cooperación internacional), que deberá estar huyendo permanentemente, sin sosiego, sin asiento permanente, lejos de los seres queridos y sin el acceso a unas condiciones mejores.

El fin de la pena frente a la sociedad es que la gente concluya por su propia cuenta que “El Crimen no Paga”.

He aquí el porqué del título de esta entrada: La Gente no teme a las penas. Pero, ¿por qué?

Lo que ocurre en nuestro país es que este mensaje está distorsionado, desdibujado, falseado. Porque al parecer de muchas personas el crimen sí paga. Pues sólo es hacer un recorrido por los procesos de los grandes delincuentes del país para que una persona del común llegue a esta nefasta conclusión:

Los Paras que masacraron, robaron, torturaron y etcétera, purgan penas no mayores a los 8 años. El mismo Estado actuando como delincuente en casos como los de los Falsos Positivos, las Chuzadas y otros. El sonado caso de Garavito, el monstruo, que purga penas irrisorias confrontadas con la atrocidad de sus crímenes.

Sumado a esto están la mayoría de los casos en los que la persecución del Estado nunca llega, la impunidad que campea victoriosa sobre cerca del 83% de los delitos cometidos en nuestro país. Por eso siempre he afirmado que es mucho más efectiva una pena corta, pero que paguen todos quienes infrinjan la norma, que una pena larguísima que no paga ni la cuarta parte de los transgresores.

Quien delinque en Colombia, casi que tiene la certeza de que sus actos no serán castigados, y si por casualidad llegara a ser atrapado, la lentitud del sistema penal, muchas veces cómplice de los criminales, causa el vencimiento de términos, con las consecuencias procesales que esto conlleva y la inminente libertad de acusado.

Mucho más que penas prolongadas, mucho más que condiciones infrahumanas en los centros penitenciarios, mucho más que esto existe en el inconsciente colectivo la idea, muchas veces cierta, que el delito no es grave, que si aquellos delinquen, por qué no podemos hacerlo nosotros, si al fin de cuentas es muy poco probable que la pena llegue a cumplirse y de cumplirse, con estudio y trabajo y buen comportamiento la rebajan.

De no acabar con esta percepción, el país continuará en la ilegalidad permanente, de no acabar con este concepto, el futuro no será muy promisorio, por eso hay que hacer la tarea y afrontar con seriedad y responsabilidad el debate en el que la pena en nuestro país cumpla todos los propósitos para los cuales está diseñada.

¡Que así sea!